Se agudizan los problemas legales de la UFC.
En 2015, los peleadores de artes marciales mixtas (MMA) Cung Le, Nathan Quarry, Jon Fitch, Brandon Vera, Luis Javier Vásquez y Kyle Kingsbury (los “Demandantes”) interpusieron una demanda colectiva conforme a la Regla 23 del Código Federal de Procedimiento Civil de EE.UU., en representación propia y de otros peleadores, contra Zuffa, LLC, la empresa matriz del Ultimate Fighting Championship (UFC).
El caso, titulado Le v. Zuffa, LLC, incluyó a los demandantes ya mencionados y a todos los peleadores que compitieron en UFC entre el 16 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2017.
Tras ese periodo, los expeleadores Kajan Johnson y Clarence Dollaway presentaron una demanda similar en 2021 (Johnson v. Zuffa, LLC), en representación de quienes compitieron entre el 1 de julio de 2017 y la reciente resolución alcanzada en 2024.
Ambas demandas fueron interpuestas como acciones civiles antimonopolio bajo la Sección 2 de la Ley Sherman (15 U.S.C. § 2), argumentando que UFC monopolizó el mercado de eventos de MMA y los servicios de sus peleadores.
Según las demandas, UFC utilizó su poder para impedir que sus atletas compitieran en promociones rivales, tanto durante como después de su paso por la compañía. Además, se acusó a UFC de explotar la imagen y nombre de sus peleadores mediante mercancía licenciada y material promocional sin la debida compensación.
PODER MONOPÓLICO
En el caso Le v. Zuffa, se alegó que UFC construyó y sostuvo su monopolio sobre el mercado mediante tácticas de exclusión, como la adquisición de promociones rivales —reales o potenciales— y la firma exclusiva con los mejores talentos de MMA, bloqueando así a otros promotores.
También mantenía acuerdos exclusivos con arenas deportivas y patrocinadores, quienes debían comprometerse únicamente con UFC o no eran considerados.
Esto le permitió concentrar el mayor talento, los principales patrocinadores y los recintos y transmisiones más relevantes del deporte.
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PODER MONOPSONISTA
A diferencia del monopolio (poder exclusivo del vendedor), un monopsonio ocurre cuando un solo comprador domina el mercado y determina los precios.
Según la demanda, UFC ejercía este poder sobre el talento élite de MMA a nivel mundial, fijando la cantidad de peleas por atleta y sus salarios. Incluso si un peleador se encontraba insatisfecho con su contrato, no existía una alternativa en el mercado que ofreciera una compensación justa.
De esta forma, UFC habría logrado pagar por debajo del valor real del mercado, suprimir artificialmente la demanda de los servicios de sus peleadores, imponer contratos restrictivos, prohibir colaboraciones con otras promociones y explotar comercialmente sus nombres sin la debida retribución.
Las demandas revelan que UFC destinaba apenas entre el 10% y el 17% de sus ingresos totales a la paga de los peleadores. En contraste, en el boxeo —otro deporte de combate— los ingresos se reparten de forma distinta. Por ejemplo, el promotor Bob Arum suele destinar hasta el 80% de las ganancias de un cartel a sus boxeadores.
Se agudizan los problemas legales de la UFC.
ACUERDO ECONÓMICO
Dos días antes del inicio del juicio, previsto para el 15 de marzo de 2024, TKO Group Holdings, Inc., empresa propietaria del UFC, acordó un pago de $335 millones de dólares para cerrar ambas demandas. El monto será pagado en cuotas. Se estima que las pérdidas económicas sufridas por los peleadores durante el período señalado oscilaron entre los $894 millones y $1.600 millones de dólares.
¿Y AHORA QUÉ?
El hecho de que el caso no llegara a juicio plantea dudas sobre el futuro de los peleadores en UFC. Al ser consultado sobre una mejor compensación y beneficios para los atletas, el presidente de UFC, Dana White, respondió que vivimos en una era “donde todos quieren un trofeo, pero no todos lo ganan”.
Entre las posibles soluciones, destaca la creación de un sindicato que represente a los peleadores, al estilo de las asociaciones gremiales en otros deportes.
Se han hecho intentos previos con entidades como MMAAA, PFA, MMAFA o Project Spearhead, fundado por la expeleadora Leslie Smith en 2018.
No obstante, ninguno prosperó. En el caso de Smith, su pelea contra Aspen Ladd fue cancelada por un fallo de pesaje. UFC le pagó su bolsa completa y posteriormente rescindió su contrato, en un hecho que ella relaciona directamente con su activismo sindical.
Otra vía sería impulsar una ley similar a la Ley Ali del boxeo, que protege los derechos de los púgiles ante prácticas comerciales abusivas.
Desde que UFC fue adquirida por apenas $2 millones en 2001, su valor se ha disparado a más de $11.300 millones en 2024, lo que refuerza los reclamos de una distribución más equitativa de los ingresos.
La batalla legal podría haber terminado, pero la lucha de los peleadores por una mayor justicia económica apenas comienza.
Se agudizan los problemas legales de la UFC.
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