La votación se produjo tras una audiencia de 40 minutos en la que el respaldo superó con claridad a las voces en contra, consolidando el carácter bipartidista del proyecto. El congresista Brian Jack, impulsor de la propuesta, aseguró que se trata de una legislación destinada a mejorar la seguridad, las condiciones económicas y la calidad de vida de los boxeadores.
El texto incluye medidas como salarios mínimos garantizados más altos, beneficios de salud y estándares médicos más estrictos. Sin embargo, el punto que ha centrado el debate dentro del sector no está en esas mejoras, sino en la estructura que la ley permitiría desarrollar.
La iniciativa contempla que promotores puedan operar fuera del marco tradicional de la Ley Ali mediante la creación de las denominadas Unified Boxing Organizations (UBO), entidades con capacidad para organizar combates, establecer rankings y otorgar títulos.
Ese planteamiento ha encendido alertas en parte de la industria. Durante la audiencia, el congresista Joe Courtney advirtió que el proyecto podría desmantelar el equilibrio establecido por la legislación vigente, al permitir que una misma estructura concentre funciones que históricamente han permanecido separadas para evitar conflictos de interés.
En esa misma línea, sectores del boxeo han expresado preocupación por la posibilidad de que este modelo acerque el deporte a esquemas donde una sola organización controla la promoción, la regulación y los campeonatos, similar a lo que ocurre en las artes marciales mixtas.
Las reservas no son aisladas. Figuras como el promotor Bob Arum, el abogado Patrick English y la propia USA Boxing —que retiró su respaldo inicial— han cuestionado el alcance de la propuesta en su forma actual.
